Tras perder las elecciones de intendente, Rodríguez Saá hizo nombrar a Enrique Ponce como defensor del Pueblo
El asesor del gobernador tuvo el apoyo de los diputados y senadores oficialistas. Desde la oposición señalaron la “incompatibilidad moral” y votaron en contra de la designación.
En la Asamblea Legislativa de este martes, Alberto Rodríguez Saá dio un nuevo paso para el armado del polémico Gobierno paralelo: consiguió que Enrique Ponce sea designado defensor del Pueblo.
La maniobra oficialista fue duramente cuestionada por la oposición ya que la ubican dentro de una lista de medidas para minar la gestión de Claudio Poggi a partir del 10 de diciembre.
La votación contó con el respaldo de los diputados y senadores que representan los intereses de Rodríguez Saá en la Legislatura: fueron 28 votos positivos contra 20 por parte de la bancada de los bloques de los partidos que ahora conforman Cambia San Luis.
El cargo de ombudsman se encontraba vacante desde 2004. A partir de allí nadie fue siquiera propuesto. En ese tiempo la voluntad política nunca existió para impulsar un nombre de reemplazo.
Una de las principales críticas hacia Ponce es la subordinación política a Alberto Rodríguez Saá. Su rol como asesor dentro de la secretaría General de la Gobernación y la candidatura a intendente capitalino para el Lema oficialista, para la oposición es incompatible con la función.
Ponce quedó envuelto en un escándalo en la última campaña electoral al conocerse que cobraba casi $800 mil en el Gobierno. Su ingreso a la planta de funcionarios políticos, que no se había publicado en el Boletín Oficial y tampoco informado coincidió con su postulación a la intendencia por el lema oficialista.
Enrique Ponce. (Foto Marcos Verdullo).
La diputada provincial por Unidos por San Luis, Ingrid Blumencweig se detuvo en resaltar la tarea del defensor del Pueblo y citó el artículo 16 de la Constitución Provincial: “Es incompatible con el desempeño de cualquier actividad pública o privada, excepto la docencia, estando asimismo vedadas las actividades políticas, partidarias o gremiales”.
“Entiendo que es incompatible por su participación activa en una fuerza política. Aunque, en realidad, señor presidente, para mí es una incompatibilidad moral”, sostuvo.
La presidenta del bloque de Unión por la Patria, Gloria Petrino defendió la designación e hizo hincapié en que no existen incompatibilidades: “Se están cumpliendo todas las formalidades requeridas por la Constitución y las leyes”.
“Cuando dice que tiene incompatibilidades, es cuando el defensor del Pueblo ya es designado. Es obvio que no es una condición su vida anterior, sino a partir de cumplir el cargo”, sostuvo.
En este sentido otros legisladores opositores expresaron el desacuerdo, uno de ellos fue Federico Trombotto que pidió “prudencia y reflexión porque quieren hacer a las apuradas lo que no se hizo en ocho años".
Enrique Ponce y los legisladores oficialistas (Foto Marcos Verdullo).
Hizo énfasis en cómo, durante el último tiempo, Rodríguez Saá avanzó en montar una estructura partidaria en el Estado para obstaculizar la próxima administración.
“Están alejados del pueblo de San Luis, están lejanos a las prioridades porque mientras nosotros estamos acá hay niños que no comen”, manifestó y agregó que “en este momento, existe un gobernador electo, con certificado de por medio, no podemos atropellar a lo que dice la democracia, a lo que dicen las instituciones queriendo hacer a las apuradas entre la noche y medianoche”.
Por su parte, Luis Lucero Guillet (UCR) señaló detalles del correcto proceso de una postulación y cómo durante los últimos años varios dirigentes trabajaron para que se nombrara a alguien en el cargo.
“Si se hubiera hecho como lo marca la Constitución hubiera sido un acto más pero no sucedió así. En este tiempo mucha gente ha reclamado la designación. Luego de 19 años de abstinencia, el gobernador Rodríguez Saá sufre hoy una sobredosis de institucionalidad que coincide en los momentos previos de dejar el poder”, completó.
En el medio hubo otra polémica decisión del oficialismo. Hizo una moción para cerrar el debate y no debatir la designación. Pese a los reclamos de Unidos por San Luis, la mayoría legislativa no tuvo problemas en cerrar la discusión y ordenar la votación.
Así, Ponce juró como ombudsman.
Enrique Ponce junto a su familia (Foto Marcos Verdullo).
En el cierre, el ahora funcionario mantuvo un contacto con la prensa y dijo sentirse “honrado y contento” y avisó que espera cumplir el rol con “integridad, con equidad y responsabilidad para defender los intereses del pueblo”.
Sobre las críticas vertidas por la designación aseveró que, más allá de respetar la opinión de la oposición, “han tenido un error de interpretación legal”.
“En cuanto a la incompatibilidad, no se cumple porque, como bien lo explicó la legisladora (Gloria) Petrino, corre a partir del momento en el cual uno entra en funciones”, completó.
Y finalizó: “No hay duda que es una designación política, porque todo es político. Pero se ha seguido con los reglamentos legales y el desempeño del defensor del pueblo está sujeto al veredicto, al control del ciudadano y también al control de los propios legisladores que podrán ser aquellos que ante el incumplimiento, en este caso mío, ante cualquiera de las cuestiones que hacen a la omisión, encubrimiento, falta de desempeño como corresponde de lo que debería ser mi función o lo haga, se me pueda someter a juicio político o se me pueda denunciar”.